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Derecho a la reparación UE: qué obliga la nueva Directiva
La norma obliga a reparar a precio y plazo razonables y suma 12 meses de garantía legal tras cada reparación.

La Directiva sobre el derecho a la reparación, recién introducida en los Estados miembros, obliga a los fabricantes a ofrecer reparaciones a un precio razonable y en un plazo razonable, y da derecho a una ampliación de 12 meses de la garantía legal tras una reparación. Con el derecho a la reparación en la UE, el objetivo es reducir la montaña de residuos electrónicos o, al menos, evitar que crezca tan rápido como antes.
La ley pretende que reparar sea una opción más atractiva que comprar un producto nuevo. Los fabricantes de EE. UU., China y del resto del mundo, o las empresas que importen sus productos, deben empezar a prestar este servicio a los consumidores de la UE.
Lo que ya exigen las normas sobre móviles, tablets y baterías
La Unión Europea ya imponía a los fabricantes algunos requisitos de reparación: los reparadores independientes deben tener acceso a piezas de repuesto, que han de entregarse en un número determinado de días, y los consumidores tienen derecho a obtener ciertas piezas.
Para móviles y tablets, en vigor desde 2025, las normas incluyen requisitos de durabilidad medidos mediante pruebas de caída, actualizaciones de software durante cinco años desde que el producto se comercializa y acceso de los reparadores independientes a las piezas de repuesto. Según Carl Dalhammar, profesor e investigador del Instituto Internacional de Economía Ambiental Industrial (IIIEE) de la Universidad de Lund:
«La etiqueta energética obligatoria también da a los consumidores el derecho a ver el rendimiento de un teléfono móvil en la prueba de caída y su grado de reparabilidad».
Además, según el Reglamento de Baterías de la UE, a partir de 2027 los consumidores deberán poder sustituir ellos mismos las baterías en varias categorías de productos, como los portátiles.
Por qué cuesta tanto reparar
Dalhammar lleva dos décadas siguiendo la evolución de este ámbito. Ha estudiado, junto con otros investigadores, qué incentivos funcionan con las empresas, por qué es habitual la destrucción de productos no vendidos o devueltos y qué instrumentos de política ambiental se usan en Europa y EE. UU. para hacer cumplir el derecho a reparar.
Según el investigador, los productos suelen ser difíciles o poco rentables de reparar por piezas de repuesto caras, falta de piezas, competencia insuficiente y diseños deficientes que hacen las reparaciones laboriosas. A ello se suman estrategias de los fabricantes que desincentivan la reparación: bloqueos digitales, restricciones al uso de piezas de segunda mano y reticencia a suministrar piezas a reparadores independientes.
Sobre el efecto de las reglas, Dalhammar afirma: «Las normas tendrán un impacto, pero muchas son nuevas, así que todavía no sabemos cómo de significativo será». Y añade: «Pero hacen falta más medidas políticas. Las reparaciones siguen siendo caras». Preguntado por si supone el fin de la sociedad del usar y tirar, responde: «No, pero es un primer paso».
Lo que dicen las empresas de reparación
Dalhammar y colegas han completado el estudio Can the European Ecodesign Regulatory Framework mitigate the systemic unrepairability of electronics? Insights from repair businesses, en el que se preguntó a empresas de reparación por las nuevas normas. Las entrevistadas dicen que las normas han hecho los productos más fáciles de reparar, pero que no van lo bastante lejos.
Según el estudio, las piezas de repuesto pueden seguir siendo caras y en algunas zonas faltan técnicos cualificados; en muchos casos sigue siendo más fácil comprar un producto nuevo que reparar el viejo. Las empresas de reparación también tienen dificultades para contratar personal.
La investigación concluye que hacen falta normas más estrictas, mayor vigilancia del mercado, más estandarización de componentes y mejores incentivos económicos para el diseño sostenible, además de cambiar la estructura del mercado.
El marco europeo de ecodiseño y los productos afectados
El Reglamento sobre diseño ecológico para productos sostenibles (ESPR) entró en vigor el 18 de julio de 2024. Sustituye a la Directiva 2009/125/CE y modifica la Directiva (UE) 2020/1828 y el Reglamento (UE) 2023/1542. Entre sus objetivos figuran combatir la obsolescencia programada e impulsar la reparación de los productos averiados en lugar de su reemplazo.
Afecta a productos cuyo diseño ya está sujeto a requisitos técnicos de reparabilidad: lavadoras, secadoras, lavavajillas, frigoríficos y aspiradoras; teléfonos móviles e inalámbricos, pantallas electrónicas y tablets; productos con baterías de medios de transporte ligeros; servidores y productos de almacenamiento de datos; y equipos de soldadura.
El ESPR fija requisitos sobre durabilidad, reutilización, mejora y reparación; sustancias que dificultan la circularidad; eficiencia energética y de recursos; contenido reciclado; remanufacturación y reciclado; huella ambiental y de carbono; e información. También prohíbe destruir prendas, complementos de vestir y calzado no vendidos dos años después de su entrada en vigor (seis años para las medianas empresas), con excepciones para las pequeñas. Si las grandes empresas destruyen productos no vendidos, deberán informar públicamente del motivo y de la cantidad.
Los requisitos de diseño ecológico buscan reducir las repercusiones ambientales durante todo el ciclo de vida, y el fabricante debe cerciorarse de que se cumplen antes de comercializar en la UE. Entre los productos sujetos figuran ordenadores y servidores, consolas, televisores, lavadoras, lavavajillas, frigoríficos, secadoras y aspiradoras. Los requisitos pueden ser específicos, con valores límite como el consumo máximo de energía o cantidades mínimas de material reciclado, o genéricos, sin valores límite, como la eficiencia energética, la información de uso y mantenimiento o el análisis del ciclo de vida.
Las normas armonizadas las adoptan los organismos europeos de normalización CENELEC y CEN y dan presunción de conformidad a los productos ensayados conforme a ellas. Las bombillas incandescentes, retiradas progresivamente del mercado desde 2009, son un ejemplo de prohibición por nuevos requisitos mínimos.
Pasaporte digital, plataforma de reparadores y bonos
Los productos regulados por el ESPR deberán tener un Pasaporte Digital de Producto, una etiqueta escaneable con información sobre su sostenibilidad. La normativa prevé planes de trabajo plurianuales de la Comisión Europea con los productos y medidas que se abordarán; el primero prioriza hierro, acero, aluminio, textiles, muebles, neumáticos, detergentes, pinturas, lubricantes y productos químicos.
Se anunció una plataforma online para que los consumidores encuentren de forma fácil y gratuita reparadores cerca de su domicilio, vendedores de piezas de repuesto o productos reacondicionados y compradores de artículos defectuosos. Entre los pasos inmediatos se anunció la creación del Foro de Ecodiseño, que recabará las aportaciones de las partes interesadas.
Austria ha introducido bonos de reparación que subvencionan el coste de las reparaciones. Una investigación del Gobierno sueco concluyó que Suecia debería plantearse introducirlos, pero no ha pasado nada desde entonces.
En el IIIEE, otro proyecto estudia cómo ampliar la responsabilidad del productor para incentivar que los fabricantes diseñen productos más fáciles de reparar. Otro, sobre la exnovación o retirada planificada de productos no sostenibles, incluye la ultra fast fashion entre las categorías estudiadas, y Dalhammar cita a Francia como país que ya ha adoptado medidas para hacer menos atractiva su importación y comercialización.
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